La política migratoria en Chile ha experimentado una transformación significativa con la entrada en vigor de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería, publicada el 20 de abril de 2021. Esta ley surge como respuesta a la necesidad de actualizar un marco normativo que databa de décadas anteriores, buscando adaptarse a las realidades contemporáneas de los flujos migratorios globales y regionales. Su principal aspiración es establecer un sistema que permita una migración ordenada, segura y regular, reconociendo los derechos fundamentales de las personas extranjeras y, al mismo tiempo, resguardando los intereses nacionales.
Este nuevo cuerpo legal no solo regula el ingreso, la estadía, la residencia y el egreso de los extranjeros, sino que también define el marco institucional para la gestión migratoria, encabezado por el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG).
Imagen que ilustra los desafíos en las zonas fronterizas de Chile, un aspecto clave en la discusión sobre política migratoria.
La Ley N° 21.325 constituye la piedra angular de la actual política migratoria chilena. Su diseño busca un equilibrio entre la soberanía estatal y el respeto a los derechos humanos de los migrantes.
La ley tiene como fin primordial regular de manera integral el fenómeno migratorio. Esto incluye establecer procedimientos claros para el ingreso al país, las condiciones de permanencia temporal o definitiva, y las causales de egreso. Se busca activamente combatir la migración irregular y el tráfico de personas, promoviendo canales legales y transparentes.
Un pilar de la ley es el reconocimiento y la protección de los derechos humanos de todas las personas extranjeras en Chile, independientemente de su estatus migratorio. Esto abarca el acceso a servicios básicos como salud y educación, y la protección contra la discriminación y actos arbitrarios, siempre en conformidad con la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile.
La normativa promueve una migración que contribuya positivamente al desarrollo social, cultural y económico del país. Se busca facilitar la integración de los migrantes en la sociedad chilena, reconociendo sus aportes y fomentando la cohesión social.
La ley define diversas categorías de permisos de residencia, adaptadas a las distintas motivaciones y duraciones de la estancia de los extranjeros en Chile:
La Ley N° 21.325 crea el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), organismo público descentralizado, sucesor legal del antiguo Departamento de Extranjería y Migración. El SERMIG es la entidad técnica encargada de llevar a la práctica la política migratoria y ejecutar las disposiciones de la ley. Sus funciones principales incluyen:
Paralelamente a la Ley N° 21.325, Chile ha desarrollado la Política Nacional de Migración y Extranjería (PNME). Propuesta al Presidente de la República por el Consejo de Política Migratoria, esta política fue aprobada en 2023 y representa la primera estrategia a largo plazo del Estado chileno en esta materia, con objetivos precisos y un horizonte definido (inicialmente 2021-2025, con actualizaciones y proyecciones).
La PNME se alinea con los principios de la Ley N° 21.325, buscando consolidar una gestión integral de la migración. Sus pilares fundamentales son:
La PNME se articula en torno a varios ejes estratégicos para abordar la complejidad del fenómeno migratorio:
Situaciones como los campamentos de migrantes en ciudades como Iquique evidencian los desafíos humanitarios y de integración que la política migratoria busca abordar.
Para visualizar las prioridades y tensiones dentro de la política migratoria chilena, el siguiente gráfico de radar compara diferentes dimensiones clave. Se presentan tres perspectivas: los objetivos formales de la política, los desafíos percibidos en su implementación y el énfasis actual del gobierno según las discusiones y acciones recientes.
Este gráfico ilustra cómo, si bien los objetivos declarados de la política migratoria chilena buscan un equilibrio entre control y derechos, los desafíos actuales y el énfasis gubernamental pueden inclinar la balanza hacia aspectos como la seguridad fronteriza y el control de la irregularidad, sin descuidar, al menos formalmente, los derechos humanos y la integración.
La política migratoria chilena es un campo dinámico, con constantes discusiones y adaptaciones para responder a los desafíos emergentes y a la evolución del contexto nacional e internacional.
En el período reciente, y con proyecciones hacia 2025, se ha observado un debate parlamentario y gubernamental orientado a fortalecer ciertos aspectos de la Ley N° 21.325. Se han discutido y, en algunos casos, avanzado en modificaciones que buscan, entre otros aspectos:
Estas propuestas reflejan una preocupación por la seguridad pública y la necesidad de un mayor control sobre los flujos migratorios, en un contexto de aumento de la migración irregular en la región.
Chile ha enfrentado un aumento en la presión migratoria en sus fronteras, especialmente la norte. Ante esto, el gobierno ha manifestado que "Chile no incentivará nuevos flujos migratorios" ni modificará su política fronteriza fundamentalmente debido a crisis en otros países de la región, priorizando la regularización de quienes ya se encuentran en el país y el control de los ingresos irregulares. Se han implementado medidas como la reconducción o devolución inmediata de personas que ingresan por pasos no habilitados, aunque estas medidas también han sido objeto de debate en cuanto a su conformidad con estándares de derechos humanos.
Como se mencionó, la Ley N° 21.325 establece categorías de residencia temporal y definitiva. La obtención de estos permisos está sujeta al cumplimiento de requisitos específicos, que pueden incluir la acreditación de medios de vida, contratos de trabajo, vínculos familiares, o la ausencia de antecedentes penales. El SERMIG es el encargado de procesar estas solicitudes.
Chile cuenta con un procedimiento para la determinación de la condición de refugiado, conforme a la Convención de Ginebra de 1951 y su Protocolo de 1967. La Ley N° 21.325 establece una etapa inicial del procedimiento y regula la medida de reconducción en relación con solicitantes de refugio en frontera.
La política migratoria en Chile se articula a través de un marco legal e institucional complejo. El siguiente diagrama mental ilustra los componentes principales y sus interrelaciones, destacando cómo la Ley N° 21.325, la Política Nacional de Migración y Extranjería (PNME) y el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) se combinan para alcanzar los objetivos de una migración ordenada, segura y regular, sin olvidar la protección de los derechos humanos y la búsqueda de la integración.
Este esquema muestra cómo la legislación (Ley 21.325) provee el marco fundamental, la PNME ofrece la dirección estratégica y el SERMIG actúa como el brazo ejecutor, todos orientados hacia la consecución de objetivos comunes en materia migratoria.
La discusión en torno a la Ley N° 21.325 y sus posibles modificaciones busca adaptar la normativa a los desafíos actuales. La siguiente tabla resume algunos de los aspectos clave que están siendo objeto de revisión o que marcan diferencias con enfoques anteriores, especialmente en lo referente a las propuestas de endurecimiento discutidas hasta 2025.
Aspecto Clave | Enfoque de la Ley N° 21.325 (Original y PNME) | Propuestas de Modificación / Énfasis Actual (Discusiones hacia 2025) |
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Años de residencia para Nacionalización | La ley establece un mínimo de 5 años de residencia definitiva para optar a la nacionalización (sujeto a otros requisitos). | Propuestas para aumentar el período de residencia definitiva requerido, por ejemplo, a 10 años de residencia efectiva, buscando alinear con estándares más exigentes. |
Causales de Expulsión | Establece causales de expulsión por condenas penales específicas, ingreso clandestino, u orden judicial. | Ampliación significativa de las causales de expulsión, incluyendo delitos como violencia intrafamiliar, porte ilegal de armas, tráfico de drogas en menor escala, participación en crimen organizado, y reiteradas infracciones a normas de convivencia. Mayor celeridad en los procesos de expulsión administrativa. |
Gestión de Ingresos Irregulares | Promueve la regularización, pero sanciona el ingreso clandestino. Contempla la reconducción (devolución inmediata en frontera). | Mayor énfasis en el control fronterizo y en la aplicación de la reconducción. Debate sobre el endurecimiento de sanciones para el transporte irregular de migrantes y para quienes faciliten el ingreso clandestino. |
Derechos de los Migrantes | Reconocimiento explícito de derechos fundamentales (salud, educación, debido proceso), independientemente de la situación migratoria, en línea con la Constitución y tratados internacionales. | Si bien se mantiene el discurso de respeto a los DD.HH., el énfasis en seguridad y control podría generar tensiones en la práctica. Se busca fortalecer la protección de NNA migrantes. |
Regularización Migratoria | Establece mecanismos para la regularización, buscando reducir la irregularidad. | Foco en procesos de regularización para quienes ya están en el país, pero con una postura de no incentivar nuevos flujos irregulares. Se busca agilizar trámites para quienes cumplen requisitos. |
Nota: Las "Propuestas de Modificación / Énfasis Actual" se basan en discusiones parlamentarias y declaraciones gubernamentales reportadas hasta principios de 2025. Algunas podrían estar en proceso legislativo o sujetas a cambios.
El siguiente video presenta el lanzamiento de la Política Nacional de Migración y Extranjería, ofreciendo una visión directa de los objetivos y el enfoque del gobierno chileno en esta materia. Es relevante para comprender el marco estratégico que acompaña la implementación de la Ley N° 21.325 y las prioridades establecidas por las autoridades.
Video oficial sobre el lanzamiento de la Política Nacional de Migración y Extranjería, crucial para entender la visión gubernamental.