La pregunta plantea cuál de los principios se consagra en el Artículo 6° de la Constitución Política de la República de Chile, que establece que "Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella". La respuesta correcta es el Principio de Legalidad. Este principio es fundamental en el derecho público chileno y establece que todo ejercicio del poder estatal debe estar fundamentado en normas jurídicas vigentes.
El principio de legalidad es un pilar fundamental del Estado de Derecho en Chile. Se manifiesta en la exigencia de que todos los órganos del Estado, incluyendo sus funcionarios, actúen dentro del marco de la Constitución y las leyes. Esto implica que cualquier acción o decisión de un órgano estatal debe tener un fundamento jurídico claro y preciso.
El principio de legalidad, también conocido como "juridicidad", implica que los poderes públicos deben someterse al mandato soberano del pueblo, tal como se expresa en la ley. Este principio asegura que las autoridades administrativas actúen dentro de los límites del Derecho, evitando arbitrariedades y garantizando la seguridad jurídica de los ciudadanos.
A continuación, profundizaremos en los aspectos clave de este principio y su importancia en el contexto chileno.
El Artículo 6° de la Constitución Política de la República de Chile es la principal fuente del principio de legalidad. Este artículo establece que:
"Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo."
Este artículo consagra la sumisión de los órganos del Estado al ordenamiento jurídico, asegurando que sus acciones estén siempre justificadas y basadas en la ley. Además del Artículo 6°, el principio de legalidad se encuentra implícito en otros artículos de la Constitución y se manifiesta en diversas leyes y regulaciones.
El principio de legalidad tiene un alcance amplio y se aplica a todos los órganos del Estado, incluyendo el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Esto significa que todas las autoridades y funcionarios públicos deben actuar dentro de los límites de sus competencias y de acuerdo con la ley. El principio de legalidad se manifiesta en varias garantías:
En el ámbito del Derecho Penal, el principio de legalidad es especialmente relevante. El Artículo 19 N° 3 inciso 8 de la Constitución Política de Chile garantiza que "ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta haya sido previamente descrita en la misma". Esto significa que nadie puede ser castigado por un delito que no esté expresamente definido en la ley penal vigente al momento de la comisión del hecho.
Este principio se conoce como nullum crimen, nulla poena sine lege (no hay crimen ni pena sin ley) y es una garantía fundamental para proteger los derechos de los ciudadanos frente al poder punitivo del Estado.
El principio de legalidad en el derecho penal chileno se basa en cuatro garantías fundamentales:
El principio de legalidad es esencial para el Estado de Derecho por varias razones:
La Constitución Política de Chile establece una estructura del Estado donde diversos órganos ejercen funciones específicas, pero todos están sujetos al principio de legalidad. Esto significa que cada órgano debe actuar dentro de las competencias que le asigna la Constitución y las leyes, y sus decisiones deben estar fundamentadas en normas jurídicas válidas.
En Chile, existen órganos constitucionales autónomos que no están directamente subordinados a los poderes tradicionales del Estado. Estos órganos, como el Banco Central, el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, tienen funciones específicas y están diseñados para actuar con independencia para garantizar el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos ciudadanos.
Estos órganos también están sujetos al principio de legalidad, lo que significa que deben actuar dentro del marco de la Constitución y las leyes. Su autonomía no los exime de la obligación de fundamentar sus decisiones en normas jurídicas válidas y de respetar los derechos fundamentales de las personas.
La sumisión de todos los órganos del Estado al principio de legalidad es esencial para garantizar el Estado de Derecho y proteger los derechos de los ciudadanos. Esto implica que todas las autoridades y funcionarios públicos deben actuar dentro de los límites de sus competencias y de acuerdo con la ley, y que sus decisiones deben estar fundamentadas en normas jurídicas válidas.
Para comprender mejor el principio de legalidad, es útil compararlo con otros principios fundamentales del derecho chileno:
Principio | Descripción | Aplicación |
---|---|---|
Legalidad | Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. | Actuaciones administrativas, sanciones disciplinarias, procesos judiciales. |
Inexcusabilidad | Los tribunales no pueden excusarse de resolver un asunto sometido a su conocimiento, aun en caso de falta de ley que resuelva el punto controvertido. | Obligación de los jueces de fallar, incluso si no hay ley aplicable al caso. |
Estabilidad | Se refiere a la permanencia y solidez de las instituciones y normas jurídicas en el tiempo. | Reformas constitucionales, leyes que regulan derechos fundamentales. |
Buena Fe | Obligación de actuar con honestidad y lealtad en las relaciones jurídicas. | Contratos, negociaciones, cumplimiento de obligaciones. |
Separación de Poderes | Distribución de las funciones del Estado entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. | Organización del Estado, control del poder público. |
Esta tabla resume las diferencias clave entre estos principios y ayuda a comprender por qué el principio de legalidad es la respuesta correcta a la pregunta planteada.
El principio de legalidad se manifiesta en la arquitectura y el funcionamiento de las instituciones del Estado. Dos ejemplos emblemáticos son el Palacio de La Moneda, sede del Poder Ejecutivo, y el edificio del Tribunal Constitucional.
El Palacio de La Moneda, sede del Poder Ejecutivo en Chile, un símbolo de la institucionalidad y el respeto a la ley.
El Palacio de La Moneda, como sede del Poder Ejecutivo, representa la administración del Estado y el cumplimiento de las leyes. El Presidente de la República y sus ministros deben actuar dentro del marco de la Constitución y las leyes, y sus decisiones deben estar fundamentadas en normas jurídicas válidas.
El edificio del Tribunal Constitucional, garante de la supremacía constitucional y el respeto a los derechos fundamentales.
El edificio del Tribunal Constitucional, por su parte, simboliza la supremacía de la Constitución y el control de la legalidad. El Tribunal Constitucional es el encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución y de resolver los conflictos de constitucionalidad que puedan surgir entre los distintos órganos del Estado.
Ambos edificios, el Palacio de La Moneda y el del Tribunal Constitucional, son símbolos del Estado de Derecho y del principio de legalidad, que exige que todos los órganos del Estado actúen dentro del marco de la Constitución y las leyes.
Significa que todas las acciones y decisiones de los órganos del Estado deben estar en conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la República. La Constitución es la norma fundamental del ordenamiento jurídico y ninguna ley o acto puede contravenirla.
Si un órgano del Estado actúa en contra del principio de legalidad, sus actos pueden ser impugnados ante los tribunales de justicia. Los tribunales pueden declarar la ilegalidad de los actos y ordenar su anulación. Además, los funcionarios responsables pueden ser objeto de sanciones administrativas o penales.
Si bien el principio de legalidad se dirige principalmente a los órganos del Estado, también tiene implicaciones para los particulares. Los ciudadanos deben respetar las leyes y no pueden realizar actos que estén prohibidos por la ley. Además, los particulares tienen derecho a exigir que los órganos del Estado actúen de acuerdo con la ley.
El principio de legalidad es un elemento esencial del Estado de Derecho. El Estado de Derecho se basa en la idea de que todos los ciudadanos y los órganos del Estado están sujetos a la ley. El principio de legalidad garantiza que el poder del Estado esté limitado por la ley y que los derechos de los ciudadanos estén protegidos.
Puedes encontrar más información sobre el principio de legalidad en la Constitución Política de la República de Chile, en las leyes y en la jurisprudencia de los tribunales chilenos. También puedes consultar libros y artículos de doctrina jurídica sobre el tema.